martes, 17 de abril de 2018

Casi 300 familias chiclaneras ya han solicitado la Renta Mínima de Inserción Social



El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, explica en las Tertulias en la Casa del Pueblo la iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía, que cuenta con una partida presupuestaria de 198 millones de euros para el presente año y ayudas mensuales entre los 419 y los 780 euros



Chiclana, 17 de abril de 2018

El delegado municipal de Servicios Sociales y miembro de la Ejecutiva Local del PSOE, Francisco José Salado, ha protagonizado este lunes una nueva sesión de las Tertulias en la Casa del Pueblo, en la que se abordó la Renta Mínima de Inserción Social, puesta en marcha por la Junta de Andalucía. En este sentido, hay que destacar que, desde que se puso en marcha esta iniciativa a principios de año, un total de 285 familias chiclaneras ya ha solicitado esta ayuda económica durante el plazo de 12 meses. “Desde la Delegación Municipal de Servicios Sociales calculamos que, según los baremos establecidos para poder acogerse a esta ayuda, unas 600 familias chiclaneras podían solicitarlas, por lo que prácticamente la mitad ya ha presentado la documentación correspondiente”, ha indicado Francisco José Salado, quien ha aclarado que “las zonas que hasta el momento han registrado mayor número de solicitantes son Huerta del Rosario, con 82 solicitudes, y Santa Ana, con 64”.

Hay que recordar que la Renta Mínima de Inserción es una nueva prestación económica que garantiza el Sistema Público de los Servicios Sociales de Andalucía, dirigida a erradicar las situaciones de marginalidad, desigualdad y dirigida a luchar contra la exclusión social. Así, esta nueva ayuda viene a sustituir el antiguo Ingreso Mínimo de Solidaridad, ofreciendo mayor cobertura social, tanto en cuantía como en duración y en número de perfiles de personas beneficiarias. “La aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social refleja la preocupación del Gobierno andaluz por las familias que peor lo están pasando, tal y como también se puede comprobar en el Estatuto de Autonomía y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales”, ha indicado Francisco José Salado, quien ha recordado la crisis financiera que comenzó en 2008 y que provocó que, en el caso de Chiclana, se incrementara considerablemente el número de parados, alcanzando más de 15.000 en marzo de 2014. “Actualmente, hay menos de 10.977 parados y, por tanto, ha bajado sensiblemente la cifra de desempleados. Sin embargo, la recuperación económica no está siendo igual para todas las personas, puesto que la crisis ha propiciado que los pobres sean más pobres, incrementando la brecha social”, ha explicado la edil socialista.

“Pese a la abstención de PP, Podemos e IU, el Gobierno socialista de Susana Díaz sacó adelante esta propuesta, que tiene prevista atender a unas 45.000 unidades familiares, es decir, unas 120.000 personas en toda Andalucía, de las cuales unas 1.800 serían de Chiclana”, ha recalcado el delegado municipal de Servicios Sociales, quien ha recordado que “esta medida cuenta con una partida presupuestaria de 198 millones para el presente año, cantidad que ascenderá a los 819 millones de euros hasta el año 2021”. Así pues, la Renta Mínima de Inserción Social, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorpora como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por doce meses, prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias. Además, a diferencia del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también incluye nuevos colectivos como las personas inmigrantes, las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

El nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, podrán beneficiarse las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo; y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las ex tuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales. “Una vez cursada la solicitud a través de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, ésta se envía a la Delegación Territorial de la Consejería de Bienestar Social para que resuelva en el plazo de dos meses desde la entrada del expediente en ese órgano”, ha explicado Salado, quien ha añadido que “la ayuda podrá percibirse desde el primer día del mes siguiente a la fecha de entrada de dicha solicitud, independientemente del tiempo de resolución de la ayuda”.

“Una vez más, se pone de manifiesto que desde el PSOE seguimos apostando por adoptar medidas sociales de izquierdas para proteger a quienes tienen menos recursos o padecen exclusión social, así como por recuperar derechos en favor de quienes tienen dificultades económicas o sociales”, ha manifestado el responsable municipal de Servicios Sociales y miembro de la Ejecutiva local del PSOE, quien ha añadido que “esta medida puesta en marcha por la Junta de Andalucía, unida a otras que estamos llevando a cabo desde el equipo de Gobierno municipal, hace posible la inserción social de muchas familias que desgraciadamente están soportando el peso de la crisis”. “Así, a nivel local debemos recordar que, desde nuestra llegada al Gobierno local, hemos aumentado la partida presupuestaria destinada a Servicios Sociales para medidas como ayudas económicas, vales de alimentación, de farmacia, de lactantes, de bombonas, etcétera…, así como pagos de la luz o el agua”, ha comentado Salado, quien ha incidido en que “hemos aumentado el número de profesionales que atienden a estas personas, con el objetivo de evitar listas de espera. Y, por supuesto, ha bajado el número de desempleados gracias a medidas como los planes de empleo para mayores y menores de 30 años o el Programa de Ayuda a la Contratación”.